La ley que proponía el ODFM está en trámite en el Parlament de Catalunya
Los Premis Ones Mediterrània tienen la voluntad de reconocer a personas y entidades que trabajan por un mundo mejor y, a la vez, ser un altavoz de su trabajo. Un mes después de la ceremonia de este año, se puede afirmar que los Premis Ones han conseguido su objetivo.
Es el caso del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores, presidido por Neus Roig, y miembro de la Coordinadora de Entidades de Tarragona. Con las palabras que pronunció al recoger el premio, la Dra. Roig conmocionó a varios representantes políticos ahí presentan. Con lo cual ha conseguido que se admita a trámite una ley que pretende proporcionar instrumentos y recursos para que se haga justicia, y que las víctimas sean reconocidas como tal.
La Proposición de Ley de las desapariciones forzadas de menores se presentó por primera vez el año 2017 gracias la presidenta del Parlament, la Sra. Carme Forcadell, también el 2018 y, finalmente, el año 2019. El pasado 7 de julio, en el pleno del Parlament, se sacó adelante la propuesta.
La iniciativa, que fue presentada conjuntamente por los partidos de la oposición y firmada por todos los grupos parlamentarios, se tramitará por urgencia extraordinaria, asegurando que pueda ser aprobada en esta legislatura.
Neus Roig, presidenta del ODFM, que forma parte de la CET, agradece a los Premis Ones su ayuda: “Gracias a Ángel Juárez, a Mare Terra y a los Premis Ones. El premio nos ha dado el empuje necesario para conseguir justicia”.
La ley de las desapariciones forzadas de menores
Hasta la actualidad, solo los casos en que la madre firmó una renuncia del recién nacido en el momento del parto han podido recibir información a nivel oficial para localizar a sus hijos. Sin embargo, todos los casos de madres a quienes se les comunicó la falsa muerte de su bebé robado, no tienen derecho a buscarlos.
Esta proposición de ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de la no repetición, con la finalidad de descubrir la verdad sobre los efectos ocurridos. También recoge la regulación de los derechos de las víctimas, entre los que cabe destacar el derecho a la tutela judicial.